Hace poco más de un año, en septiembre de 2000, estuvimos en esta región para colaborar a difundir, a analizar y a debatir la política cultural que el Presidente Lagos compartió con el país en mayo de ese mismo año.

Tal fue uno de los varios encuentros en los que se dio a conocer esa política. Una política cultural, como ustedes saben, que es por ahora la política de un gobierno, pero a la que es preciso hacer pasar a la condición más exigente y estable de una política cultural de Estado.

Sí; lo que Chile necesita en materia de cultura es una política de Estado, pero para llegar a ésta era necesario contar antes con una política de gobierno, esto es, con una explicitación de los principios que el actual gobierno suscribe en materia cultural, con una identificación de los objetivos que se propone alcanzar en este campo y con una identificación, asimismo, de las líneas inmediatas de acción que el gobierno se compromete a emprender.

Eso es, precisamente, la política cultural del gobierno –una identificación de principios, objetivos y líneas de acción- que se ofrecen también como un marco de criterios orientadores de las decisiones que el gobierno debe adoptar en este campo.

¿Cómo fue posible –se preguntarán ustedes- que el gobierno actual haya explicitado su política cultural en mayo de 2000, esto es, apenas dos meses después de haber asumido? Ello fue posible merced a la rica y abundante reflexión que hubo en el país durante la década pasada en lo relativo a políticas culturales y diseño de una nueva institucionalidad cultural pública. Una reflexión que, entre otros momentos o hitos importantes, tuvo la constitución de dos Comisiones Nacionales de Cultura –una en 1991 y otra en 1997- y ese Encuentro que sobre la materia celebró la Cámara de Diputados, en 1996, en el Salón del Congreso Pleno, y al que concurrieron agentes culturales de todo el país.

Otros –como ustedes ven- habían hecho antes buena parte del camino que hizo posible que el gobierno actual, a dos meses de haber asumido, haya podido explicitar, compartir, someter a discusión y aplicar una política cultural, con vistas a llegar a tener algún día una política de Estado en este campo. Así, el Gobierno no se inventó de la noche a la mañana cuál sería su política cultural, sino que fue capaz de recoger a este respecto las reflexiones y propuestas que se habían ido produciendo durante toda una larga década. Otros que habían hecho antes buena parte del camino –cabe agregar-, entre los que se cuentan, de manera muy destacada, quienes desde 1990 en adelante vienen trabajando en los organismos gubernamentales de cultura, tanto a nivel nacional como regional y comunal, y en los dos fondos públicos concursables que para el ámbito del arte y la cultura fueron creados durante la década pasada.

Llegamos así a noviembre de 2000, momento en el que la Cámara de Diputados comienza la tramitación del proyecto de ley de nueva institucionalidad cultural que el actual gobierno presentó en sustitución de la iniciativa que sobre la materia había presentado el Gobierno del Presidente Frei en diciembre de 1998. El proyecto de nueva institucionalidad cultural crea un Consejo Nacional de Cultura y un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, y su aspiración es corregir dos imperfecciones manifiestas de la acción del Estado en materia cultural: por una parte – y a eso apunta la creación del Consejo Nacional de Cultura-, corregir el carácter fragmentario y disperso que tiene la actual institucionalidad cultural pública; por la otra –y a eso apunta ahora la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural-, corregir la insuficiencia de recursos públicos concursables destinados a la promoción del arte, la cultura y el patrimonio cultural del país, y la similar insuficiencia y debilidad de los instrumentos de asignación de tales recursos. Pero hay algo más: la existencia de un Consejo Nacional de Cultura permitirá instalar una sede en la que en el futuro se podrán estudiar, adoptar, aplicar, evaluar y renovar políticas culturales, tanto de carácter nacional como regional, permitiendo de ese modo lo que decíamos antes, a saber, culminar el paso desde una política cultural de gobierno a una política cultural de Estado.

¿En que está actualmente ese proyecto? Fue conocido y despachado ya por las Comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara de Diputados, y será votado próximamente por la sala, quedando así en condiciones de pasar luego al Senado.
Como ustedes pueden darse cuenta, hemos avanzado desde un año a esta parte, y ese es uno de los motivos de satisfacción que yo tengo para estar hoy aquí: no sólo que se trata de una de las regiones más activas en el orden cultural, sino que contamos hoy en el Congreso con una iniciativa legal de nueva institucionalidad cultural pública que ha avanzado exitosamente y con la que aún no contábamos en septiembre de 2000 cuando nos reunimos en esta ciudad –según señalé antes- en uno de los encuentros en los que fue analizada la política cultural del actual gobierno.

No hay que ver la tramitación de un proyecto de ley en el parlamento como si se tratara de una travesía del desierto. Es preciso ver ese paso como una oportunidad para mejorar los proyectos iniciales. El proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural tiene luego de 11 meses de tramitación en el Congreso un contenido mejor que el que tenía cuando ingresó a tramitación y estoy seguro de que al término de su tramitación tendrá un articulado mejor que el que tiene en este momento.

Pero no hay avances sólo en esta materia, sino en la acción concreta y cotidiana que a favor de la cultura desarrollan los distintos organismos gubernamentales. Así, por ejemplo, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos se apresta a dotar computacionalmente a todas las bibliotecas del país gracias a un convenio con la Fundación Bill y Melinda Gates; la División de Cultura promueve con éxito el trabajo de nuestras orquestas juveniles; la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Gerencia de Industrias Culturales de Pro-Chile facilitan la presencia del cine chileno en el extranjero; la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas hace un levantamiento a nivel nacional de lugares públicos de interés patrimonial; el Consejo de Monumentos Nacionales apoya con éxito la postulación de las Iglesias de Chiloé como patrimonio de la humanidad y crea cada vez mayor conciencia pública y privada acerca de la importancia del patrimonio cultural; el Departamento de Cultura de la Secretaría General de Gobierno inaugura el portal "Culturachile.cl"; la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural asigna recursos para recuperar, entre otros lugares, el Museo Palacio Baburizza de Valparaíso; y, en fin, el presupuesto del Fondart y del Fondo del Libro crecen en más de un 15% entre 2000 y 2001.

Permítanme concluir con una pregunta: ¿por qué el Estado debe tener una institucionalidad en el campo de la cultura?

El Estado de Chile tiene deberes para con la cultura. Y cuando digo deberes no me refiero a obligaciones más o menos difusas que dependan de la sensibilidad o buena voluntad que los gobernantes puedan tener en relación con los asuntos culturales. Me refiero, por el contrario, a deberes jurídicos que el Estado tiene para con la cultura, es decir, a deberes en el sentido fuerte del término, a deberes que al Estado le están señalados en la Constitución Política y en distintos tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos culturales. Me refiero, en fin, a los deberes de hacer posible la participación de todas las personas en la vida cultural del país, de estimular la creación y difusión artística en todos los ámbitos, y de contribuir al desarrollo del patrimonio cultural de Chile y sus regiones.

Pues bien: para cumplir adecuadamente con esos deberes se necesita contar con una determinada institucionalidad cultural pública, es decir, se necesita contar con organismos gubernamentales de cultura; con dotaciones de personal idóneo para la gestión de esos organismos; con presupuestos que financien la actividad de esos organismos y el trabajo de tales personas; con instrumentos de asignación directa de recursos públicos para el fomento de la participación de todos en la vida cultural, de la creación y difusión artística y del desarrollo de nuestro patrimonio cultural como nación; con estímulos de carácter estable que favorezcan la participación privada con esas mismas tres finalidades; y con un marco jurídico que de expresión y cohesión a todos los elementos o componentes antes indicados.

A todo eso llamaría yo institucionalidad cultural pública, aunque en un sentido más restringido esta expresión se suele utilizar para aludir nada más que a los organismos gubernamentales que cumplen funciones en el campo de la cultura.

Este es un "Encuentro Nacional de Regiones: Por Una Nueva Institucionalidad Cultural" y es claro que yo no he dicho prácticamente nada sobre la dimensión regional de la nueva institucionalidad cultural que se piensa para el país. Lo haré, claro está, en la segunda intervención que me corresponderá hacer más adelante en este Encuentro, porque la que ahora tiene lugar es tan sólo una introducción general al tema que nos convoca.

Sin embargo, es claro que la nueva institucionalidad cultural, que operará a través de un Consejo Nacional de Cultura y de un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, se desconcentrará territorialmente y que el proyecto de ley en trámite contempla, por lo mismo, la creación e instalación de los Consejos Regionales de Cultura.

En la política cultural del gobierno puede leerse lo que sigue: "Chile no se conforma sólo con el crecimiento de su economía, es decir, con el aumento sostenido de los bienes y servicios disponibles. El país tampoco se satisface con el desarrollo económico, o sea, con el hecho de que el crecimiento económico se traduzca en reales beneficios para las generaciones presentes. Tampoco es suficiente un desarrollo con equidad, que es aquél en el que los beneficios del crecimiento alcanzan a todos y no se concentran en un sector limitado de gente. Tampoco basta un desarrollo sustentable, es decir, un tipo de desarrollo en el que los beneficios que consiguen las actuales generaciones no se obtienen al precio del bienestar a que tienen también derecho las generaciones futuras.

El objetivo final es alcanzar cada vez mejores niveles de un desarrollo auténticamente humano, que es aquél que se mide por la calidad de vida integral de las personas y por la satisfacción de esas necesidades y aspiraciones más intangibles y profundas, que tienen que ver con la creación, acceso y goce de los bienes simbólicos que provienen del arte y la cultura de un país".

De eso, entonces, es de lo que se trata: alcanzar cada vez mejores niveles de un desarrollo auténticamente humano, pero no sólo en la capital y en otros centros urbanos densamente poblados del país, sino en todo el territorio nacional.

Para eso están trabajando ustedes y muchos otros agentes políticos, sociales y culturales a lo largo del país. Trabajando casi siempre en condiciones difíciles, pero con el estímulo y la esperanza que dan un gobierno y una sociedad que optaron tan deliberada como necesariamente por tomarse en serio la cultura.

"Chile está en deuda con la cultura", tituló su informe final la Comisión Presidencial de Cultura que trabajó en 1997. Probablemente siempre habrá una deuda con la cultura. Pero es también un hecho que con mayor convicción y energía que antes nos hemos puesto en marcha para empezar a saldar esa deuda.

"Taxi para tres" acaba de ganar el exigente y competitivo Festival de Cine de San Sebastián. Su director y el elenco de actores contaban hace un par de días al Presidente Lagos las dificultades que tuvieron en la filmación y cómo es que ellos, conscientes de la escasa difusión que se pudo dar a la película en el marco de ese Festival, fueron los primeros sorprendidos al obtener el premio principal.

Allí, creo yo, hay toda una lección que tendríamos que aprender. Una lección que yo pondría en una sola frase: Se puede. Sí, se puede. Chile puede continuar mejorando su espesor o densidad cultural como nación, pero para ello no basta con el talento y la perseverancia de sus creadores, artistas y agentes culturales. Se requiere mejorar las condiciones objetivas que permitan la expresión de esos talentos y un fruto más visible y constante de esa perseverancia.

A ello se encamina la política cultural del Gobierno y la nueva institucionalidad cultural propuesta para el país. Ambas son simplemente un paso. Un paso que no resuelve por sí solo todas las carencias que tenemos en este campo y que está lejos de acabar de pagar nuestra deuda con la cultura. Pero se trata de un paso importante, y quizás imprescindible, en esa tarea de colocar, mantener y mejorar las condiciones objetivas que hagan posible el desarrollo cultural y, con éste, ese desarrollo humano y no meramente económico que el país se propuso alcanzar en el momento que caminamos al bicentenario de nuestra independencia. Sin Estado hay ciertamente cultura, pero sin Estado no hay desarrollo cultural ni posibilidades reales de instalar al país en medio de un mundo que se globaliza como un auténtico interlocutor cultural y no como un mero receptor pasivo de las expresiones culturales que se producen fuera de él.

El mundo no vive hoy horas felices, pero la crueldad y la desgracia, al menos hasta ahora, nunca han caído sobre el planeta para quedarse definitivamente en él. Y aunque se pueda tener el convencimiento de que las cosas no irán del todo bien en el futuro, lo que cada cual debe hacer no es sentarse a lamentar esa circunstancia, sino poner todo lo que esté de su parte para que las cosas vayan lo mejor posible.