El 16 de mayo del año en curso, esto es, a poco más de dos meses de haber asumido como Presidente, anuncié la política cultural de mi gobierno, en un acto que congregó a cerca de medio millar de artistas, creadores y gestores culturales en el Museo de Bellas Artes.

¿Cómo fue posible que un gobierno hiciera algo semejante en tan breve plazo?

Simplemente, porque otros, durante la década pasada, habían preparado el camino para ello a través de distintas iniciativas encaminadas a reflexionar sobre la situación de la cultura en nuestro país y acerca del mejor diseño para la institucionalidad pública de la misma.

¿Cómo no recordar ahora, y también agradecer, el trabajo que en 1991 efectuó la Comisión de Cultura que instalamos en el Ministerio de Educación y que presidió Manuel Antonio Garretón? ¿Cómo no recordar, y agradecer también, a quienes se reunieron en 1996 en la Cámara de Diputados para llevar adelante un Encuentro sobre Políticas Públicas, Legislación y Propuestas Culturales? ¿Cómo no recordar, en fin, el trabajo de la Comisión Presidencial de Cultura que en 1997 presidió Milán Ivelic y que estuvo integrada por destacadas personalidades del ámbito cultural y político?

He ahí sólo tres de los varios hitos que marcaron la rica y profunda reflexión que en materia de cultura tuvo lugar en Chile durante la década de los 90. Unos hitos que se vieron complementados con iniciativas tales como los Cabildos Culturales y la instalación de los Consejos Regionales de Cultura, Artes y Patrimonio.

Pero no solo tuvimos reflexión sobre asuntos culturales en esa década. Tuvimos también acción. Así lo demuestran, por ejemplo, la creación del Fondart y del Fondo Nacional del Libro y la Lectura; la entrada en vigencia de la ley de donaciones con fines culturales; el posicionamiento público del tema del patrimonio cultural; y todo el impresionamiento trabajo realizado a través de los organismos gubernamentales de cultura, tales como la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la División de Cultura del Ministerio de Educación, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Departamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería.

Pero la sola mención de esos organismos pone ya de manifiesto el carácter fragmentario y disperso que tiene actualmente nuestra institucionalidad cultural. Fragmentario, porque hay multiplicidad de organismos; y disperso, porque tales organismos tienen dependencias de diferentes ministerios. Todo lo cual, dificulta la acción de esos organismos y trae consigo riegos evidentes de descoordinación y hasta de duplicación de esfuerzos e iniciativas.

Pues bien: esa es una de las debilidades de nuestra institucionalidad cultural que aspiramos a corregir por medio de la indicación que firmaremos hoy, puesto que todos esos organismos pasarán a formar parte o a depender de un solo organismo público -el Consejo Nacional de Cultura-, que se crea por medio de esta indicación.

Sin embargo, permítanme volver a nuestra política cultural antes de proseguir con la explicación del contenido del proyecto de ley que enviaremos con esta fecha al Congreso Nacional.

Dicha política es una explicitación breve y clara de los principios que mi gobierno suscribe en materia cultural, de los objetivos que se propone alcanzar en ese ámbito y de las líneas de acción que se compromete a emprender para acercarse a la consecución de esos fines.

Por lo demás, se trata de una política cultural abierta deliberadamente al examen y discusión pública de sus contenidos, cosa que se viene haciendo a través de la realización de Diálogos sobre la misma que están teniendo lugar en distintas zonas del país. ¿Por qué ese carácter abierto de la política cultural y por qué esos diálogos públicos en torno a la misma? Porque queremos perfeccionar esa política en el futuro y ello sólo es posible si escuchamos a todos los actores comprometidos en el tema. Una política cultural es algo tan necesario como delicado para un gobierno que como el nuestro entiende que la cultura no es un aderezo del desarrollo del país, sino un componente indispensable del propio desarrollo. De ahí entonces nuestro afán por explicitar con rapidez la política cultural del gobierno y con igual rapidez someterla a análisis y discusión pública para su mejor difusión y perfeccionamiento.

El Estado no puede dirigir la cultura de un país, pero tampoco debe estar ausente de ella. Sin Estado hay ciertamente cultura, pero sin Estado no hay desarrollo cultural. De ahí entonces nuestra preocupación por definir una política cultural que estuviera lejos de dos extremos inaceptables: el dirigismo cultural del estado y el ausentismo cultural del Estado.

En suma: ni dirección ni ausencia del Estado en el ámbito cultural ¿Qué, entonces? Presencia del Estado. Y presencia activa, porque es mucho lo que el Estado puede y debe hacer en este sentido, tanto a nivel de políticas como de instituciones, recursos, infraestructura y gestión al servicio de la participación cultural, la creación artística y la conservación, incremento y difusión del patrimonio cultural de la nación.

No hay que olvidar, tampoco, que ese deber de contribuir al desarrollo cultural de país viene impuesto por la propia Constitución Política. Se trata, entonces, de un auténtico deber constitucional, que se suma a tantos otros que el Estado debe cumplir para que las condiciones materiales y espirituales de vida de la gente se correspondan con el principio de dignidad de la persona humana.

Es por eso que una de las principales líneas de acción de nuestra política cultural anunciada en mayo consistió en propiciar una institucionalidad cultural pública que respondiera a ese papel de presencia activa del Estado. Para eso tendríamos que aprovechar el proyecto de ley que sobre la materia fue presentado en 1998, así como la discusión que ese proyecto suscitó al interior de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con el fin de introducirle las modificaciones que sugirió esa misma discusión y que pusieran a ese proyecto en el marco de nuestra política cultural.

Porque así es cómo deben hacerse las cosas: primero el gobierno explicitó su política cultural, y es en el marco de esa política que cinco meses más tarde, un tiempo suficiente de estudio, hace ahora indicación al proyecto de ley antes mencionado y propone un modelo de institucionalidad cultural acorde con esa misma política y con el estudio que hemos realizado.

El proyecto de ley de 1998 creaba una Dirección Nacional de Cultura e instituía un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.

Nuestra indicación a dicho proyecto mantiene por cierto la creación de ese Fondo, aunque ampliando las líneas de asignación de recursos del mismo, y sustituye la mencionada Dirección Nacional de Cultura por una figura institucional más abierta, participativa y flexible que se aviene mejor con la naturaleza de los temas de cultura, arte y patrimonio: un Consejo Nacional de Cultura.

Un Consejo Nacional de Cultura en cuyos niveles directivos y consultivos habrá Ministros de Estado y en los que habrá también una importante representación de la sociedad civil y, en particular, de las distintas área de la creación artística, del patrimonio cultural, de las industrias culturales, de la gestión cultural privada; de la educación y de las culturas de nuestros pueblos originarios.

Un Consejo Nacional de Cultura que se desconcentrará territorialmente en Consejos Regionales de Cultura, trasladando así a las distintas regiones del país una capacidad de definir políticas y asignar recursos en una medida mucho mayor a la
que ahora tienen.

Un Consejo Nacional de Cultura cuyo Presidente tendrá rango de Ministro para dar mayor eficacia a su relación con el Gabinete de Ministros y con el propio Presidente, y para dar mayor visibilidad a la representación tanto nacional como internacional que el país requiere en materias culturales.

Un Consejo Nacional de Cultura, en fin, que no sólo pondrá remedio al carácter fragmentario y disperso de nuestra actual institucionalidad pública en la materia, sino que administrará un importante Fondo Nacional de Desarrollo Cultural que asignará recursos en las siguientes líneas: creación artística; conservación patrimonial; desarrollo cultural regional; desarrollo de culturas originarias; industrias culturales; y becas para artistas, creadores y administradores culturales.

Sin olvidar tampoco algo de singular importancia: que con la instalación de este Consejo, el país tendrá un lugar donde se podrán estudiar, adoptar, aplicar y evaluar políticas culturales públicas, con participación real y efectiva no sólo de funcionarios del Estado, sino de toda la sociedad, y, en particular, de quienes más directamente se vinculan a las actividades culturales en sentido amplio como también a la creación artística y a la conservación patrimonial.

Por lo demás, este diseño de una nueva institucionalidad cultural se inscribe en un trabajo más amplio de reforma y modernización del Estado, que está a cargo de una unidad de trabajo que funciona en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Algunos de los principios que guían ese trabajo son conseguir un Estado más eficiente, consultar la participación cuidadana en forma institucionalizada, fortalecer la regionalización y lograr un adecuado tamaño del Estado a las características del desarrollo actual y futuro del país.

No es en el Estado ni en el gobierno en quienes hemos pensado preferentemente al proponer este nuevo diseño de institucionalidad cultural pública.

Es en la sociedad chilena en quien hemos pensado.

En el hombre, mujer y joven de este país que quieren ser protagonistas culturales en su propio barrio, comuna y región.

Es en los creadores que necesitan de libertad, pero también de buenas condiciones materiales para producir y difundir sus obras, en quienes hemos pensado.

Es en el público que quiere tener acceso libre y equitativo a esas obras en quien hemos pensado.

Es en las personas y organizaciones que valoran nuestro patrimonio cultural en quienes hemos pensado.

Es en quienes desarrollan las industrias culturales en los que hemos pensado.

Es en nuestras culturas originarias en las que hemos también pensado.

En tal sentido, proponemos una nueva institucionalidad cultural para Chile, y, así como todos los diferentes actores del mundo de la cultura han tenido ocasión de manifestar sus opiniones sobre la materia en el curso de los últimos años, así también, en los análisis que la indicación que hoy procedemos a firmar tendrá en ambas ramas del Congreso Nacional, esos mismo actores tendrán una nueva y valiosa oportunidad para exponer sus puntos de vista y colaborar de ese modo a que al final del camino podamos tener la mejor legislación sobre institucionalidad cultural que el país se merece.

En la década pasada iniciamos un camino. En mayo de este año, con el anuncio de una política cultural, dimos un significativo paso adelante. Y ahora, con esta indicación, damos cumplimiento a una antigua aspiración y también a un compromiso plasmado en esa política: contar con una institucionalidad cultural moderna, eficiente, abierta, participativa y plural.

Así es la democracia: avanza siempre gradualmente, paso a paso, sin grandes saltos, pero también sin innecesarios sobresaltos ni traumas.

Tenemos hoy buenas señales y auspiciosas estadísticas. Los asistentes al teatro más que se duplicaron entre 1989 y 1999. Otro tanto ocurrió con los asistentes a recitales. En el caso de los conciertos, la cantidad se triplicó en ese mismo período. Aumenta el número de salas de cine y asistimos hoy a una verdadera expansión del cine chileno, dentro y fuera de nuestras fronteras. El país imprime ahora 22 veces más libros que hace una década y se torna cada vez más masivo el acceso a las nuevas tecnologías que facilitan la llegada de todos a los objetos culturales.

Florecen las orquestas juveniles a lo largo del país y una de ellas hace famoso en Chile y en el mundo a la ciudad de Curanilahue.

Se rescata y difunde nuestro patrimonio cultural y miles de personas, precisamente en el Día del Patrimonio, sienten como propios los espacios y edificios de valor que antes observaban con lejanía y tal vez con intimidación.

Vivimos un auténtico auge de la novela, el ensayo y la poesía en nuestro país.

Ministerios como los de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Vivienda, Transportes y Bienes Nacionales, y desde luego Educación, tienen cada vez más en cuenta las dimensiones propiamente culturales de su trabajo. Así, por ejemplo, 500 buses de los varios miles que recorren a diario la ciudad de Santiago se han transformado en verdaderas galerías de arte móviles desde la pasada semana. Así, por ejemplo, en el diseño de nuevos conjuntos habitacionales se contemplaron espacios para la cultura y un porcentaje de las obras viales que se ejecuten debe ser destinado a enriquecer dichas obras con objetos culturales que las hagan más atractivas y hermosas.

Fiestas de la cultura se desarrollan en todas las regiones del país y permiten días de alegría y participación a millones de compatriotas.

Y en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para 2001, que enviamos recientemente al Congreso, el área de cultura tiene el importante crecimiento de un 16%.

La década que tenemos por delante se percibe aun más promisoria, aunque los resultados que aspiramos a obtener son no sólo responsabilidad de un gobierno, sino de toda la sociedad.

El paso que damos hoy, consistente en reanudar la tramitación de un proyecto de ley de nueva institucionalidad cultural por medio de una indicación sustitutiva que crea el Consejo Nacional de Cultura, es sólo eso -un paso más- y dista mucho de ser todo lo que tenemos que hacer en favor de la cultura. Pero se trata también de un paso fundacional importante que facilitará otros que es preciso dar también en la misma dirección.

En un mundo crecientemente globalizado sólo subsistirán con genuina identidad aquellas naciones que sean capaces de aumentar su espesor cultural. Las demás, las que no consigan esa mayor densidad cultural, se confundirán unas con otras y serán probablemente víctimas de la hegemonía cultural de las naciones más poderosas.

Para que Chile siga contándose entre las primeras y no entre las segundas, es preciso trabajar duro y bien a favor de nuestra cultura, no para parapetarnos tras ésta y defendernos de otras culturas, sino para ser interlocutores culturales reconocibles y reconocidos en un mundo que se globaliza.

Gracias por acompañarnos esta tarde.

Gracias a ustedes y a todos quienes ustedes de algún modo representan por el trabajo que hacen a favor de la cultura en nuestro país.

Gracias, sobre todo, a quienes trabajan con gran esfuerzo en los organismos gubernamentales de cultura, cuyos derechos hemos tenido especialmente en cuenta al momento de hacer esta indicación.

Son muchos hoy los que nos observan desde el rico pasado cultural de la patria: un Bello, un Vicuña Mackenna, un Arrau, un Neruda, un Huidobro, una Mistral, un Antúnez, una Violeta Parra, un Siena, un Pedro de la Barra, una Bombal, un Jorge Millas, un Víctor Jara.

En nombre de ellos y de tantos otros, les invito hoy a redoblar nuestros esfuerzos por hacer de Chile no sólo un país más rico, no sólo un país con mayor crecimiento, no sólo un país más equitativo y justo, sino también un país que pueda ofrecer a sus habitantes un desarrollo humano que tenga debidamente en cuenta la dimensión espiritual de la vida humana.