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Una reflexión
previa
El gobierno actual ha colocado a la cultura en el centro de
sus preocupaciones.
Al proceder de ese modo, el gobierno ha interpretado la convicción
ciudadana de que la cultura está de hecho en el centro de
las preocupaciones de las personas. Si antes que aludir a
la cultura los ciudadanos mencionan como sus inquietudes preferentes
el empleo, la salud, la educación y la seguridad, ello se
debe a que esos cuatro bienes satisfacen las necesidades más
básicas de la población, es decir, aquellas que constituyen
una condición para el acceso a los habitualmente más intangibles
bienes de tipo simbólico que provee, difunde y atesora la
actividad cultural de un país.
Chile no se conforma sólo con el crecimiento de su economía.
Tampoco se satisface con el desarrollo económico, o sea, con
el hecho de que el crecimiento de la economía se traduzca
en reales beneficios para las generaciones presentes. A Chile
tampoco le basta que ese desarrollo resulte equitativo, vale
decir, que los beneficios que provee alcancen a todos y no
se concentren en un sector pequeño y limitado de la población.
Tampoco es suficiente la meta de que tal desarrollo, además
de equitativo, sea también sustentable, que es, por su parte,
aquel tipo de desarrollo en el que los beneficios que obtienen
las actuales generaciones no se consiguen al precio de aquellos
a los que tienen derecho las generaciones futuras.
Más allá de todas esas metas, nuestro objetivo final es alcanzar
buenos niveles de un desarrollo auténticamente humano, o sea,
buenos niveles de un tipo más exigente de desarrollo que se
mide no sólo por indicadores económicos, sino por criterios
que dependen también de la satisfacción de esas necesidades
y expectativas más intangibles y profundas de la persona humana,
que tienen que ver con la creación, acceso y goce de los bienes
simbólicos que provienen del arte y la cultura de un país.
Crecimiento de la economía, desarrollo económico, desarrollo
con equidad y desarrollo sustentable: en esas cuatro direcciones
venimos trabajando desde hace varias décadas, porque en ellas
reconocemos un imperativo a la vez ético y económico. Sin
embargo, a lo que tenemos que apuntar si miramos al horizonte
no ya tan lejano del segundo bicentenario de nuestra independencia
nacional, es a una mejor calificación en lo que a desarrollo
humano se refiere.
Atendidos los avances que tuvimos como país durante la pasada
década, de lo que se trata hoy no es de hacer un brusco giro
en el camino que veníamos transitando, sino mantenernos en
la ruta, apurar el tranco, y, sobre todo, proponernos metas
más ambiciosas de las que pudimos alcanzar durante la década
pasada. Metas más ambiciosas que nos sentimos ahora capaces
de alcanzar porque antes fuimos también capaces de lograr
metas previas que nos parecían tan difíciles como las que
ahora nos proponemos.
En tanto una de tales metas se refiere a la cultura, tenemos
el deber de proponer una política en este campo.
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La difícil
palabra cultura
Cultura es todo lo que resulta de la acción conformadora y
finalista de los seres humanos, desde las comidas que éste
prepara hasta las ciudades que proyecta y construye, desde
los objetos que un artesano fabrica con sus manos hasta la
portentosa Internet, desde la creación del primer alfabeto
hasta los complejos lenguajes que empleamos hoy para comunicarnos,
desde los simples cánones de cortesía que se observan con
fines de urbanidad hasta las más exigentes normas de moral
social que prevalecen en una comunidad.
Es en ese sentido amplio de la palabra cultura que alguien
pudo decir de ella que es todo lo que el hombre ha sido capaz
de colocar entre el polvo y las estrellas.
En un sentido más restringido, cultura son los bienes de carácter
simbólico cuyo origen está en la expresión artística y en
la labor de las industrias culturales, además de aquellos
que se han incorporado ya al patrimonio o herencia cultural
de una nación, como es el caso de una sinfonía, de una pintura,
de un libro de poemas, de un disco, de un edificio con valor
histórico, o de los bailes y canciones populares que expresan
los sentimientos de un pueblo y de su gente.
Dicho patrimonio conduce a un nuevo sentido de la palabra
cultura, que se relaciona con el sello distintivo de un país,
con el espíritu más permanente que lo anima y vivifica, con
la identidad que ese país tiene y que lo caracteriza y a la
vez lo diferencia de otras naciones.
Sabemos que toda sociedad contemporánea encara hoy el problema
de cómo mantener su identidad nacional en medio de un sostenido
proceso de globalización a escala mundial.
Consideramos que la llamada identidad nacional no es un carácter
indeleble que acompaña por siempre a un país, sino un proceso
en el que se combinan estabilidad y cambio. El concepto de
identidad nacional no tiene el rasgo esencialista que le conferían
visiones estáticas ya superadas, y se convierte hoy en una
auténtica categoría en movimiento en la que conviven tanto
la tradición como la novedad, lo propio y lo ajeno, lo único
y lo diverso.
Lo que la globalización demanda hoy a los distintos países
no es una renuncia a las lealtades nacionales en favor de
lealtades más ampliamente planetarias, sino una ampliación
de las lealtades nacionales a fin de dar cabida a aquellas
que es preciso reconocer a nivel continental y mundial.
Así como en el pasado la formación de los estados nacionales
no supuso el aniquilamiento de las lealtades locales relativas
a pueblos y a regiones ni produjo tampoco su sustitución por
lealtades nacionales concernientes a la organización jurídica
del Estado en un territorio mucho mayor que el que tenían
aquellos pueblos y localidades, así también la globalización
no supone hoy el brusco cese de las lealtades nacionales ni
su simple y automático reemplazo por lealtades a nivel mundial.
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La menos difícil
palabra política
Cuando un gobierno anuncia una política, lo que hace es establecer
un conjunto ordenado y coherente de antecedentes, valores,
criterios generales, intenciones y objetivos que orientarán
sus decisiones y líneas de acción más inmediatas en un campo
determinado de la vida social que se considera prioritario.
En el presente caso, ese campo es la cultura, y la política
gubernamental que para ella ahora se comunica pasa a constituir
un marco que no excluye, sino, todo lo contrario, que convoca
a otras instancias u organizaciones sociales, particularmente
del ámbito privado, para que puedan fijar o revisar sus propias
políticas sobre la materia.
Por otra parte, el proceso de estudio y adopción de políticas
públicas se inicia cuando se verifica la existencia de un
problema importante que merece atención, y ese problema, en
este caso, consiste en que nos sentimos en deuda con la cultura.
" Chile está en deuda con la cultura": así tituló su informe
final la Comisión Asesora Presidencial formada por destacadas
personalidades que en 1997 propuso las bases de un proyecto
de ley de nueva institucionalidad cultural. Ese título puso
de manifiesto tanto un estado de ánimo como un diagnóstico
acerca de nuestro compromiso con la cultura.
En el caso de la política que anunciamos hoy tenemos el propósito
de que, una vez conocida, debatida y perfeccionada por el
aporte de todos los sectores de la vida nacional interesados
en el tema, pase ella de ser la política de un gobierno a
la política del Estado de Chile, es decir, pase de ser un
marco que representa las convicciones y metas de un gobierno
a uno que encarne las ideas y aspiraciones del conjunto de
la sociedad, adquiriendo de ese modo la mayor adhesión y estabilidad
que tienen las políticas de Estado. Lo anterior no significa
que la presente política no trate de reflejar desde ya tales
ideas y aspiraciones y que no anhele ser compartida por todos
los sectores nacionales.
Por ello, lo que hacemos hoy no es notificar una política
cultural. Lo que hacemos es explicitar y compartir esa política
e invitar a todos a que por medio del análisis razonado y
la crítica constructiva nos ayuden tanto a ejecutarla como
a perfeccionarla. Sólo así conseguiremos hacerla avanzar desde
su inicial carácter de política de gobierno a la más exigente
condición de política de Estado.
Esta política tiene también un carácter general, con lo cual
queremos decir que los componentes que la forman constituyen
un marco dentro del cual será posible avanzar luego en el
estudio y definición de algunas políticas culturales de tipo
sectorial.
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Democracia
y cultura
La democracia es una forma de gobierno en la que las decisiones
colectivas se adoptan con la mayor participación posible de
quienes quedan vinculados por esas mismas decisiones.
La democracia es también la forma de gobierno que asume un
compromiso más directo con la libertad de las personas.
Asimismo, la democracia, que presupone la igualdad jurídica
y política de los ciudadanos, busca conseguir una mayor igualdad
en las condiciones materiales de vida de la gente.
Por otra parte, la democracia, en la medida que asume y expande
los valores antes mencionados, crea condiciones favorables
para que los bienes culturales se originen con autonomía y
se expresen y difundan sin obstáculos al interior de la sociedad.
En fin, el reconocimiento y respeto que la democracia tiene
por la autonomía moral y creativa de las personas, trae finalmente
consigo una diversidad en los planes de vida, en las opciones
creativas y en las preferencias estéticas de la gente, una
diversidad que la democracia es capaz de combinar con la indispensable
cohesión social que un país debe tener para desarrollarse
y progresar como tal.
Por tanto, quien dé valor a la participación, a la libertad,
a la igualdad, a la autonomía y a la diversidad, tiene buenas
razones para preferir a la democracia como forma de gobierno
de la sociedad.
Si entre las distintas formas de gobierno la democracia es
la que mejores resultados exhibe en las cinco direcciones
antes señaladas, es evidente que durante la pasada década
el país hizo progresos considerables en lo que concierne a
participación, libertad e igualdad, así como en lo que se
refiere a la valoración de la autonomía y de la diversidad.
Todo ello mejoró durante ese mismo lapso las condiciones necesarias
para un florecimiento de las distintas expresiones culturales
y artísticas, y para una más adecuada protección, conocimiento
y difusión de nuestro patrimonio cultural.
Pero los adelantos hechos por el país durante la pasada década
en el campo cultural no conciernen sólo al mayor volumen y
calidad de las actividades de ese orden ni a los más altos
niveles de conciencia alcanzados en cuanto a la importancia
de nuestro patrimonio cultural. Tales adelantos alcanzaron
también a la propia institucionalidad cultural y a la reflexión
que le sirve de fundamento. Así, tuvimos dos destacadas comisiones
gubernamentales sobre la materia, una al inicio del gobierno
del Presidente Aylwin y otra en las postrimerías del gobierno
del Presidente Frei; un importante Encuentro sobre Políticas
Públicas, Legislación y Propuestas Culturales que se realizó
en 1996 en la Cámara de Diputados; un conjunto de reflexiones
y aportes que sobre ciudadanía cultural han provenido de la
División correspondiente del Ministerio de Educación; y una
buena cantidad de debates y de estudios empíricos que tuvieron
su origen en organismos públicos y privados, entre los cuales
destacó la convocatoria a los así llamados Cabildos Culturales
y el levantamiento de una Cartografía Cultural de nuestro
país. Tuvimos también iniciativas institucionales exitosas,
como fue el Fondo del Desarrollo de las Artes y la Cultura,
la Ley de Donaciones con fines culturales, la Ley de Fomento
del Libro y la Lectura, la modificación de la Ley de Propiedad
Intelectual, y la creación del Centro Cultural Estación Mapocho,
espacio este último que constituye una experiencia exitosa
de combinación entre inversión pública y gestión privada sin
fines de lucro de espacios culturales.
Por otra parte, es efectivo que durante la pasada década existió
un incremento de los recursos públicos y privados destinados
al arte y a la cultura.
En consecuencia, cuando el actual gobierno se propone explicitar
y compartir una política cultural, y cuando se propone impulsar
también una nueva institucionalidad cultural que junto con
reflejar esa política se transforme en un adecuado instrumento
de la misma, no parte ciertamente de la nada, sino de un trabajo
constante, serio y participativo hecho por personas y asociaciones,
tanto públicas como privadas, a las que agradecemos y de las
que en este momento nos sentimos deudores.
Artistas, intelectuales, administradores culturales, parlamentarios,
organismos públicos del ámbito de la cultura, corporaciones
privadas que trabajan en el mismo campo, universidades, centros
de estudio, municipios, agrupaciones étnicas y vecinales:
a todos ellos debemos los avances de una década y de todos
ellos esperamos ahora su aporte en las tareas que corresponde
emprender durante la nueva década que recién comienza. Una
década que tiene la hermosa particularidad, que es también
un desafío, de conducirnos a la celebración del bicentenario
de nuestra independencia nacional.
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Principios
de esta política
A la luz de las reflexiones, antecedentes y valores previamente
indicados, entendemos que los criterios y directivas más generales
y estables que deben guiar nuestras decisiones en el campo
de la cultura son las siguientes:
1. Autonomía de la sociedad.-
Lo que sucede en el orden cultural dentro de una sociedad
acontece antes por iniciativa de las personas, así como de
las organizaciones que éstas libremente forman, que por una
actividad deliberada de parte del Estado, de donde se concluye
que el papel preferente de este último se refiere a la creación
y promoción de las mejores condiciones posibles para que las
expresiones artísticas y las manifestaciones culturales puedan
surgir, difundirse y ser apreciadas por el público libre y
espontáneamente.
2. Presencia y papel facilitador
del Estado.- El Estado no define el tipo de cultura
que conviene a la sociedad, aunque tampoco renuncia a tener
una presencia en el campo cultural que le permita favorecer
las condiciones que hacen posible tanto la libertad de los
creadores como aquella que debe tener el público para preferir
y escoger entre diferentes bienes culturales. De este modo,
el Estado reconoce tanto el deber como el derecho de establecer
la institucionalidad más acorde con la presencia que le corresponde
tener en el ámbito cultural y con las condiciones que le cabe
crear y favorecer para el desarrollo cultural del país. Una
institucionalidad que, en el sentido amplio del término, comprende
al conjunto de los instrumentos legales, administrativos,
de gestión, financieros, de infraestructura y otros que el
Estado pone al servicio de la cultura, tanto a nivel nacional,
regional y comunal, y que, en sentido más estricto, se refiere
únicamente al modo como el Estado reúne, organiza y hace operar
con eficacia a las instituciones gubernamentales que cumplen
funciones en el ámbito de la cultura. La institucionalidad
que el Estado adopte finalmente en el ámbito cultural, empleando
esta expresión en el segundo de los sentidos arriba indicados,
tiene que constituirse ella misma en una instancia abierta
y suficientemente participativa que, junto con dar ejecución
a la presente política, promueva su continuo análisis, discusión
y perfeccionamiento de políticas culturales.
3. Libertad de creación.-
La libertad de creación artística y cultural es un derecho
fundamental que el Estado a la vez reconoce y promueve, del
mismo modo que reconoce y promueve el derecho del público
para desarrollar preferencias y escoger entre una variedad
amplia y diversa de propuestas artísticas y culturales.
4. Valoración y respeto de
la diversidad.- La diversidad cultural que el ejercicio
de tales libertades trae consigo constituye un bien para la
sociedad chilena y no debe ser vista como una amenaza a la
necesaria cohesión social que el país requiere para conservar
buenos hábitos de convivencia y para compartir metas nacionales
de interés común. Tales hábitos y metas son posibles de mantener
y conseguir a partir de la comunidad de propósitos que una
nación debe ser capaz de definir en cada momento histórico
y suponen la percepción y aceptación de la diversidad que
exista en su interior y no algún tipo de uniformidad impuesta
artificiosamemente desde un centro cualquiera de poder.
5. Afirmación y proyección
de la identidad.- Identidad nacional y diversidad cultural
no son incompatibles entre sí, de modo que nunca será necesario
limitar ni ocultar la segunda a fin de preservar la integridad
de la primera. Por otra parte, el fortalecimiento de la identidad
nacional, así como el de las distintas identidades regionales
y locales que existen en el país, no constituye un alineamiento
defensivo frente a la globalización, sino la preservación
y el cultivo de una identidad que nos permita tener un lugar
propio y visible en ese mundo en cierto modo sin fronteras
que la globalización traerá consigo. Sólo de esa manera la
globalización será un proceso que acabará produciendo un resultado
más rico y diverso que el que podría producir la simple hegemonía
de una determinada cultura nacional a escala mundial. La identidad
cultural del país no es una identidad de defensa o de resistencia,
sino una de afirmación y proyecto, de manera que la inserción
de Chile en un mundo que se globaliza no supone ni la renuncia
a nuestros sueños ni la cancelación de nuestra memoria como
país. De allí, entonces, la necesidad de alcanzar como nación
una cada vez mayor densidad cultural, de modo que en el proceso
de globalización actualmente en marcha ocupemos la posición
de interlocutores culturales y no la de receptores puramente
pasivos de la cultura que se forja en otras latitudes.
6. Educación de la sensibilidad.-
El proceso educativo incluye tanto el conocimiento de las
cosas útiles como la percepción y el goze de las cosas bellas.
El proceso educativo supone entonces la educación de la sensibilidad
y no debe reducirse a simple capacitación orientada al necesario
pero siempre limitado mundo del trabajo, sino alcanzar a una
preparación para el más amplio desarrollo de la personalidad
en todas sus posibles direcciones, lo cual sólo es posible
si se estimula tempranamente, y a lo largo de toda la existencia,
la creatividad, el espíritu reflexivo y crítico, y la capacidad
innovadora de las personas.
7.- Resguardo, conservación
y difusión del patrimonio cultural.- Así como el Estado
asume una presencia activa a fin de favorecer la libertad
de los creadores y la del público en general, del mismo modo
adopta un papel activo en el resguardo, preservación y difusión
del patrimonio cultural de la nación, constituido por bienes
tangibles, muebles e inmuebles, como también por bienes intangibles,
y crea asimismo las condiciones y los estímulos para que la
sociedad civil tome debida conciencia del valor de nuestro
patrimonio y se comprometa también con su resguardo y gestión.
La educación de la sensibilidad tiene que incluir la percepción
y valoración no sólo de las actuales expresiones artísticas
y manifestaciones culturales, sino también la de aquellos
bienes que forman el patrimonio cultural de la nación y hacen
parte de la identidad de ésta.
8.- Igualdad de acceso al
arte, a los bienes culturales y al uso de tecnologías.-
La igualdad de acceso al arte y a la cultura debe ser promovida
no sólo en cuanto al goce de las distintas expresiones artísticas
y manifestaciones culturales, sino también en las oportunidades
que debe tener cada persona para intervenir activamente en
la creación de tales expresiones y manifestaciones. La mayor
igualdad de oportunidades a que aspiramos como sociedad debe
ser también un principio orientador en el campo del arte y
la cultura. Por otra parte, la mayor equidad a que aspiramos
en la distribución de los bienes disponibles debe conseguirse
no sólo en el reparto de los bienes materiales más básicos,
sino también en la de los bienes artísticos y culturales.
En relación con esa doble dimensión de este principio, progresos
tecnológicos recientes, que es preciso adoptar y expandir
en cuanto a su uso, han creado nuevos medios, tanto electrónicos,
audiovisuales como informáticos, que, por un lado, facilitan
la producción y reproducción de tales bienes, y, por la otra,
simplifican su difusión y distribución a sectores cada vez
más amplios de la población.
9.- Descentralización.-
La descentralización que también queremos para el país debe
alcanzar al diseño de políticas culturales, a la ejecución
de las mismas, a la evaluación de sus resultados, y a los
recursos de gestión, financieros y de infraestructura que
el Estado pone al servicio de la cultura.
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Objetivos
de la política
Nos referimos ahora a lo que queremos conseguir en materia
cultural al cabo de los 6 años de gobierno, en el entendido
de que se trata de objetivos permanentes que tendrán que continuar
siendo tenidos a la vista después de ese lapso.
- Ampliar los espacios de libertad que en cuanto a las expresiones
del arte y a las manifestaciones de la cultura en general
tienen tanto los creadores de tales expresiones y manifestaciones
como los ciudadanos que las perciben, conocen, critican y
disfrutan.
- Recuperar espacios públicos como lugares no sólo de encuentro
y recreación ciudadana, sino también de información, diálogo
e intercambios culturales.
- Expandir la actividad artística y cultural; mejorar la gestión,
producción y comercialización de nuestras industrias culturales;
ampliar la comprensión de nuestro patrimonio cultural más
allá de criterios de carácter exclusivamente histórico y estético;
y apoyar e incentivar la valoración, protección y difusión
del patrimonio cultural de la nación, mejorando la sociabilidad
y el papel educativo de museos, bibliotecas, archivos, monumentos
y otros lugares semejantes.
- Disminuir la distancia entre la diversidad cultural que
el país tiene de hecho con la percepción que de esa diversidad
hemos sido capaces de desarrollar hasta ahora.
- Contribuir al desarrollo del pluralismo en la sociedad chilena,
entendido éste como la actitud que da un valor positivo a
la diversidad y que, por tanto, no ve en la diversidad un
mal ni una amenaza para la identidad y cohesión social del
país.
- Colaborar a una práctica más activa de la tolerancia en
el seno de la sociedad chilena, entendida esta virtud no sólo
como la aceptación resignada de la diversidad de creencias,
puntos de vista, maneras de sentir, preferencias estéticas
y planes de vida que coexisten de hecho en nuestra sociedad,
sino como la disposición a entrar en diálogo con esa diversidad,
a aprender de ella y a dejarse influir eventualmente por ella.
- Estimular la creación y difusión de las culturas de los
pueblos originarios de Chile.
- Conseguir la cooperación que en el orden cultural debe existir
entre la libertad de las personas, la existencia de un mercado
en este campo y la presencia que en ese mismo campo corresponde
tener al Estado, de modo de comprender que ninguno de esos
tres factores puede ser invocado para prescindir de otro u
otros de ellos, y de comprender, asimismo, que sin la presencia
del Estado hay cultura, mas no desarrollo cultural.
- Mejorar las condiciones para el ejercicio de tal libertad
y, a la vez, para una ampliación y mayor transparencia de
ese mercado, fortaleciendo para ello la participación y responsabilidad
que a la sociedad civil corresponde en el financiamiento,
producción, preservación y gestión de objetos artísticos y
bienes culturales en general.
Asimismo, perfeccionar y descentralizar la actual institucionalidad
cultural de carácter público, en el sentido amplio de esta
última expresión, comprensiva, por tanto, del conjunto de
los instrumentos legales, de gestión, financieros y de infraestructura
que el Estado pone al servicio de la cultura, e instalar una
institucionalidad cultural pública -en el sentido ahora restringido
del término- que supere la dispersión actual y que confiera
mayor eficacia y descentralización al diseño, ejecución y
evaluación de políticas, y a la realización de las acciones
que corresponda llevar a cabo al Estado en el ámbito de la
cultura.
-Mejorar el rendimiento de la institucionalidad pública en
el ámbito de la cultura no sólo a partir de los recursos con
que ella cuenta en la actualidad, sino aumentar gradualmente
esos recursos a fin de mejorar la desfavorable relación que
existe hoy para la cultura entre el gasto que se efectúa en
esta área, el gasto del sector público en general y el gasto
sectorial en educación, cuidando que tales recursos favorezcan
la ampliación de la infraestructura cultural de las regiones,
la capacidad de gestión de esa infraestructura y la producción
autónoma de los contenidos culturales y artísticos que den
vida y proyección social a los nuevos espacios culturales
que se habiliten a lo largo del país.
- Incrementar el intercambio y la cooperación cultural entre
Chile y el resto de las naciones, en especial con aquellas
que comparten una posición en la parte sur de América, tanto
bilateralmente como en el marco de tratados y convenios que
vinculen a varias naciones, fortaleciendo de ese modo la presencia
cultural de Chile en el exterior y la exportación de los productos
de nuestras distintas industrias culturales.
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Líneas inmediatas
de acción
Las siguientes son las acciones inmediatas a ser cumplidas
en el marco de los principios y objetivos de esta política,
algunas de ellas ya ejecutadas durante los dos primeros meses
del actual gobierno. Estas acciones no excluyen otras que
puedan mostrarse necesarias de ser llevadas a cabo próximamente.
1.- Instalar una coordinación permanente de los actuales organismos
gubernamentales que cumplen funciones en el ámbito cultural
y que se encuentran bajo la dependencia de distintos Ministerios,
tales como División de Cultura del Ministerio de Educación,
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dirección de
Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Departamento de Cultura del Ministerio Secretaría General
de Gobierno, y Consejo de Monumentos Nacionales. Esta coordinación
estará a cargo del Asesor Presidencial de Cultura que designó
el Presidente de la República y tendrá por objetivo dar mayor
coherencia y eficacia a las funciones y actividades que cumplen
tales organismos, entretanto se les reúne como partes de la
estructura que establecerá la legislación de nueva institucionalidad
cultural.
2.- Sin perjuicio de las funciones que cumple en la actualidad
el Departamento de Cultura de la Secretaría de Comunicación
y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, asignar
a ese Departamento tareas de apoyo técnico permanente a la
instancia de asesoría presidencial ya constituida, y confiarle
el estudio y posterior establecimiento de redes informáticas
sobre políticas, planes, programas y actividades de índole
cultural y patrimonial. El apoyo técnico preferente que el
Departamento de Cultura ofrecerá en tal sentido no excluye
el similar apoyo que prestarán también a la mencionada instancia
de asesoría presidencial los demás organismos gubernamentales
que fueron previamente individualizados.
3.- Sin perjuicio de dar cumplimiento a su atribución principal
de pronunciarse acerca de las solicitudes para la declaración
de monumentos, apoyar al Consejo de Monumentos Nacionales
como un organismo orientado al examen del valor patrimonial
de nuestros bienes culturales, a la educación y difusión del
patrimonio, a la evaluación y aprobación de los proyectos
de conservación del mismo, y a la proposición de incentivos
directos e indirectos para la conservación del patrimonio
cultural, sea éste público o privado.
4.- Ejecutar en los próximos 6 años un plan de infraestructura
cultural, para lo cual se ha constituido una Comisión Presidencial
de Infraestructura Cultural, con participación del Ministerio
de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de
Bienes Nacionales, Subdirección de Desarrollo Regional, Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, y Consejo de Monumentos
Nacionales, que tendrá a su cargo disponer los estudios y
formular las proposiciones conducentes a la ampliación de
la infraestructura cultural del país, especialmente en regiones,
y al mejoramiento de la capacidad de gestión de nuestros espacios
culturales. La Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural
será supervisada por el Asesor Presidencial de Cultura y cuidará
que las proposiciones sobre nuevas inversiones en infraestructura
cultural se realicen con intervención de los gobiernos de
las propias regiones beneficiadas. Los nuevos espacios culturales,
que tendrán dimensiones y características que armonicen con
los lugares de la geografía nacional en que sean instalados,
podrán construirse, recuperarse a partir de sitios ya existentes
o ser el resultado de algún tipo de intervención en espacios
que se encuentran ya funcionando con fines de creación y difusión
artística o de conservación y muestra del patrimonio cultural
de las distintas regiones.
5.- Apoyar el trabajo que realizará en la División de Cultura
la recién constituida instancia de diálogo intercultural,
destinada a constituirse en lugar de encuentro y de propuestas
para una mayor expresión y mejor y más equitativa convivencia
de los pueblos originarios que están ligados al origen de
nuestra identidad nacional.
6.- Perfeccionar el estatuto jurídico de los derechos de creadores
y artistas, y difundir las modalidades de incorporación de
los mismos al sistema previsional, de modo que puedan disfrutar
de la debida asistencia al momento del retiro de su actividad
laboral estable.
7.- Impulsar y perfeccionar los proyectos de ley en actual
proceso de tramitación legislativa y que conciernen a la institucionalidad
cultural en sentido amplio, a saber, proyecto de ley que modifica
la actual legislación de donaciones con fines culturales;
proyecto de ley de fomento a la música chilena; proyecto de
ley que modifica la legislación sobre seguridad interior del
Estado y que prohibe requisar publicaciones; proyecto de ley
de prensa en lo que concierne al depósito legal de impresos
y otros soportes culturales; y proyecto de ley que sustituye
la censura cinematográfica por la calificación de los filmes
a ser exhibidos en el país. A la vez, establecer procedimientos
participativos para el estudio y perfeccionamiento de propuestas
de políticas de fomento y anteproyectos de ley relativos a
expresiones artísticas o a industrias culturales específicas,
originadas en estudios, diagnósticos y proposiciones de los
correspondientes sectores involucrados.
8.- Apoyar las iniciativas encaminadas a consolidar la libertad
de programación de las estaciones de televisión, de modo de
hacer esa libertad cada vez más compatible con la protección
que toda sociedad responsable debe prestar a los grupos vulnerables,
especialmente a los niños, debiendo los padres disponer de
información suficiente y oportuna que les permita ser ellos
quienes determinen los programas de televisión a que sus hijos
puedan tener acceso. A la vez, y dado el consenso social existente
en cuanto a las mayores exigencias de programación cultural
que se dirigen hoy a la televisión chilena, incrementar sostenidamente,
a partir de este año, el fondo concursable que con ese fin
administra el Consejo Nacional de Televisión. Estimular también
la continuación del debate público que acerca de nuestra televisión
inició el documento "Bases para la reforma de la ley de televisión",
y que continuó luego con el informe que emitió la Comisión
Especial que sobre la materia constituyó en 1999 la Cámara
de Diputados, de modo de evitar que la velocidad de los cambios
tecnológicos que experimenta constantemente este medio agudice
las dificultades del marco regulatorio que el país estableció
para él en 1973.
9.- Tanto por su especial importancia cultural, educativa
y artística como por la dimensión económica que tiene hoy
la actividad audiovisual, presentar en la próxima legislatura
ordinaria del Congreso Nacional un proyecto de ley de fomento
del audiovisual chileno. El antecedente principal para la
redacción de ese proyecto será el texto que sobre la materia
preparó en 1999 la denominada "Plataforma Audiovisual Chilena".
El proyecto en referencia creará instancias e instrumentos
adecuados para el fomento de la actividad audiovisual y para
la formación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual.
10.- Estudiar y formular las indicaciones que sean procedentes
al actual proyecto de ley de nueva institucionalidad cultural,
en el sentido restringido de esta expresión, que permitirá
reunir en una estructura administrativa liviana, moderna y
eficiente a todos los actuales organismos públicos que cumplen
funciones en el ámbito de la cultura y de las artes y en el
de la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural.
Al margen de la naturaleza jurídica, denominación y estructura
que mejor convengan a dicha nueva institucionalidad, se procurará
instalar un organismo público de alto nivel, autónomo, de
integración amplia y participativa, funcionalmente descentralizado
y territorialmente desconcentrado, y en cuya creación se respetarán
los derechos de los trabajadores de las actuales reparticiones
públicas que pasarán a integrarse al nuevo organismo. La nueva
institucionalidad cultural comprenderá no sólo la reunión
de los actuales organismos públicos que cumplen funciones
en el campo de la cultura, sino que operará también como lugar
de estudio, propuesta, discusión y renovación de políticas
culturales, tanto de tipo general como sectoriales. Por otra
parte, la nueva institucionalidad cultural deberá articularse
con las políticas, instituciones y programas existentes en
los campos de la educación, de la ciencia y la tecnología,
de la planificación nacional y del desarrollo regional, de
las obras públicas, del medio ambiente, del turismo, de los
deportes y la recreación, y de los medios de comunicación.
11.- Instalar la nueva institucionalidad cultural en la ciudad
de Valparaíso y declarar desde ya la voluntad gubernamental
de hacer de esa ciudad la capital de nuestra institucionalidad
cultural, aprovechando para ello su patrimonio cultural, su
valor turístico, su condición de ciudad que postula a convertirse
en patrimonio de la humanidad, el trabajo de las organizaciones
públicas y privadas que se ocupan hoy de su recuperación,
el actual proyecto de revitalización de los barrios patrimoniales
de Valparaíso, y el número y excelencia de las instituciones
de educación superior que tienen su sede en dicha ciudad.
Nuestro propósito es que la condición de capital de la institucionalidad
cultural se sume al carácter que Valparaíso tiene en la actualidad
como sede legislativa del país. 12.- Como parte de la nueva
institucionalidad cultural, crear un Fondo de Desarrollo Cultural,
que, junto con cubrir y reforzar las dos líneas del actual
FONDART – Fondart nacional y Fondart regional-, asigne recursos
concursables al menos en las líneas adicionales de conservación
y difusión del patrimonio cultural, fomento de las industrias
culturales, y becas de perfeccionamiento y especialización
para artistas y administradores culturales 13.- En atención
a que en la actualidad no todos los proyectos de excelencia
consiguen financiamiento de ese fondo, nos proponemos incrementar
en forma sostenida los recursos que se otorgan al Fondo de
Desarrollo de las Artes y la Cultura hasta hacer posible,
en el lapso de 3 años, la duplicación de los recursos administrados
por éste. Fortalecer el proceso de regionalización del Fondo,
y reforzar también la línea concursable para autores jóvenes,
asignando el 30% de los recursos del Fondo, en su concurso
nacional, al financiamiento de proyectos de personas de hasta
29 años de edad. Además, abrir mayores espacios de difusión
a las iniciativas juveniles de carácter cultural y artístico,
creando redes al respecto, de modo de favorecer un mejor y
más permanente encuentro entre las obras de los jóvenes y
el público. 14.- Incrementar los recursos destinados al segundo
fondo cultural más importante de la actualidad –el Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura-, de modo que de los $6.000.000.000.
que ese Fondo asignó en sus diferentes concursos durante los
primeros 7 años de su creación (1993 a 1999) alcancen en los
siguientes 7 años (2000 a 2006) a lo menos a $12.000.000.000.
Encargar al Servicio de Impuestos Internos que, con el apoyo
del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, realice un estudio
sobre el rendimiento del IVA en la compra y venta de libros.
Asimismo, encargar al aludido Consejo que con el concurso
de la Cámara Chilena del Libro lleve a cabo un estudio y formule
proposiciones, en el lapso de 6 meses, a fin de mejorar los
aspectos jurídicos, tecnológicos y operativos para una más
eficaz acción en contra de las impresiones y reproducciones
de libros que se realizan en contravención a las normas legales
vigente, y que, junto con dañar a autores, editores y libreros,
perjudican también la recaudación tributaria por concepto
de compra y venta de libros.
15.- La última línea de acción, aunque no por ello menos importante,
consiste en impulsar desde ya, a partir de la antes mencionada
instancia de asesoría presidencial, un debate público y participativo
que, junto con difundir esta política cultural, recoja y ordene
las contribuciones que permitan perfeccionarla, utilizándola
como base de una futura política de Estado sobre la materia.
Democracia es también discusión, y una política cultural,
incluso más que otras, debe estar sometida a un permanente
examen del público, de las organizaciones de la sociedad civil
y de los propios poderes del Estado y organismos gubernamentales
que tienen injerencia en ella.
Santiago, 16 de mayo de 2000
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